Delitos Contra Hacienda
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Delitos contra la Hacienda Pública en España: Fraude Fiscal y sus Consecuencias.
Los delitos contra la Hacienda Pública engloban aquellas conductas ilícitas destinadas a eludir el pago de impuestos, obteniendo un beneficio económico indebido y perjudicando el sistema tributario. En este artículo, analizamos los principales delitos fiscales en España, sus penas y la importancia de contar con una defensa legal especializada.
¿Qué se considera delito contra la Hacienda Pública?
El Código Penal, en su artículo 305, tipifica como delito fiscal la defraudación a la Hacienda Pública cuando la cuantía de lo defraudado supera los 120.000 euros en un año natural. Si el fraude es inferior a esta cantidad, se considera una infracción administrativa sancionable con multas.
Principales delitos fiscales y penas
- Fraude fiscal (Artículo 305 del Código Penal)
- Consiste en la evasión de impuestos mediante engaño o maniobras fraudulentas.
- Penas: Prisión de 1 a 5 años y multa de hasta 6 veces la cantidad defraudada.
- Si la cuantía defraudada supera los 600.000 euros o se usan testaferros y estructuras fraudulentas, la pena puede aumentar hasta 6 años de prisión.
- Frustración de la ejecución (Artículo 257 y siguientes C.P)
- Se castiga a quienes oculten bienes para evitar embargos o el pago de deudas tributarias.
- Penas: Prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses.
- Blanqueo de capitales derivado de fraude fiscal (Artículo 301 C.P)
- Transformar el dinero procedente de fraude fiscal en activos legítimos para ocultar su origen ilícito.
- Penas: Prisión de 6 meses a 6 años y multa de hasta el triple del valor blanqueado.
- Uso de facturas falsas y contabilidad ficticia (Artículo 310 C.P)
- Se castiga la manipulación de la contabilidad empresarial para defraudar a Hacienda.
- Penas: Multa de hasta el duplo del importe defraudado e inhabilitación para administrar empresas hasta 6 años.
Diferencia entre delito fiscal y sanción administrativa
No todas las irregularidades fiscales constituyen un delito. Las infracciones administrativas se sancionan con multas, mientras que el fraude fiscal con dolo y superando los 120.000 euros conlleva responsabilidad penal.
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